Una jueza dictó este domingo 4 meses de prisión precautoria para la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, por la situacion del supuesto golpe de Estado contra el exmandatario izquierdista Evo Morales en 2019, una acusación que negó. «Me mandan 4 meses detenida para aguardar el juicio por un ‘golpe’ que jamás ocurrió», aseveró Áñez en Twitter, tras oír la resolución de la jueza Regina Santa Cruz, en una audiencia cautelar que se desarrolló por múltiples horas a través de una interfaz tecnológica.

Santa Cruz escuchó en audiencia a las partes, tanto a la Fiscalía como a los abogados defensores de Áñez y de sus exministros de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, detenidos todos entre el viernes y el sábado. La Fiscalía había pedido en un inicio para los tres políticos seis meses de prisión precautoria.

Áñez, quien escuchó la audiencia desde una dependencia policial, añadió por Twitter: «Desde aquí llamo a Bolivia a tener fe y promesa. Un día, entre todos, levantaremos una Bolivia mejor». La exmandataria, de 53 años, fue detenida el sábado en la localidad de Trinidad, capital del departamento amazónico de Beni, después que sus 2 ministros Coímbra y Guzmán, los tres denunciados por sedición, terrorismo y conspiración.

Áñez, letrada, política y expresentadora de televisión, fue detenida mientras que se ocultaba en un baúl en casa de un familiar, notificó AFP. El nombre de Áñez, que dejó el poder en el mes de noviembre de 2020, figura en una demanda que logró en el mes de diciembre la exdiputada del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty contra el líder civil de la rica zona de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, gobernador electo de ese departamento en las recientes selecciones locales.

La Fiscalía de Bolivia justificó el pedido de detención por una supuesta conspiración para hacer «un presunto golpe de Estado» contra Morales, quien dimitió en el mes de noviembre de 2019 en la mitad de una fuerte convulsión popular. Los contrarios de derecha y centro denunciaron entonces que Morales, en el poder desde 2006, cometió estafa en las selecciones de presidentes de un mes antes para gobernar de forma ininterrumpida hasta 2025.

Las manifestaciones derivaron en un motín policial y en un pedido de las Fuerzas Armadas a fin de que Morales diese un paso al costado, lo que forzó al gobernante a renunciar y a salir exiliado a México, antes de moverse a Argentina como refugiado. En la demanda aparecen cinco exministros de Áñez, y jefes policiales, militares y civiles, sobre quienes pesan órdenes de atrapa.

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Pedidos de todo el mundo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA urgió en Twitter «al Estado de Bolivia respetar los estándares interamericanos sobre garantías judiciales, independencia y protección judicial». Explicó que emitía su situación «frente demandas por inobservancia de las garantías judiciales en la ejecución de las aprehensiones», efectuadas desde el viernes en la noche.

Antes de la CIDH, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, solicitó que se respeten «las garantías al debido desarrollo y haya una transparencia total en todos y cada uno de los métodos», según un aviso de su representante. La Unión Europea calificó de «alarmantes» los hechos en Bolivia y mencionó que los prosigue de cerca.

En una nota, la oficina del jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, mantuvo que «las demandas enlazadas a los hechos de 2019 han de ser atendidas en el contexto de un proceso transparente y sin presiones políticas, con pleno respeto a la independencia de los poderes».

La influyente Charla Episcopal de Bolivia demandó mientras en un aviso «la instantánea puesta en independencia de los detenidos». Los obispos afirmaron que no tienen la posibilidad de «mantenerse pasivos, mientras que se persigue a ciudadanos que han servido a Bolivia».

Después de las reacciones, el excandidato de centro y exmandatario Carlos Mesa (2003-2005) mandó cartas de reclamo por lo que ocurre en su país a las ONU, el Prominente Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos, la OEA, la Unión Europea y la CIDH.

Mencionó que se busca «infundir terror desde el gobierno, manipulando la fuerza policial, fiscal y judicial del Estado, para remover a la oposición al de hoy gobierno y amordazar a parte notable de la sociedad boliviana».

Evo: ¿sucesión constitucional?

Áñez aceptó la presidencia tras la dimisión de Morales y en este momento pide un juicio de responsabilidades o de privilegio; que se efectúa en el Tribunal Supremo de Justicia, anterior autorización del Congreso. Morales respondió desde Twitter que «es imposible charlar de sucesión constitucional […] en el momento en que se ha violado» la Constitución y mencionó que Áñez «se autodesignó presidenta».

En exactamente la misma línea, el ministro de Justicia, Iván Lima, mencionó que le corresponde un desarrollo ordinario por sus actuaciones como miembro del senado, antes de haber asumido la primera magistratura.





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