La ONG Católicas por el Derecho a Elegir (CDD) presentó una demanda por prevaricato contra la juez de Chaco, Marta Aucar de Trotti, quien logró sitio a una medida cautelar para suspender en esa provincia la ley 27.610 que contempla la legalización del aborto.

La demanda fue realizada en la fiscalía de turno de Resistencia por la comisión de prevaricato, un delito que radica en que los jueces lleven a cabo resoluciones judiciales «no fundadas en el derecho o bien que parten de hechos falsos», acorde con lo precisado por la organización en un aviso publicado por Télam.

«La presentación fue efectuada en el contexto de un plan jurídica extensa que edificamos entre socios», aseguró la ONG y recalcó: «Advertimos que la jueza Aucar no efectúa un análisis ni fundamentación objetiva de la solicitud de los demandantes sino ajusta su alegato a los intereses de actores antiderechos».

Además de esto, destacó: «Se asigna conocimiento en materia federal y ignora la normativa nacional y también en todo el mundo» y calificó a la juez como «una conocida componente antiderechos». En esa línea, se refirió al marido de la jueza, Ernesto Trotti y aseveró que «formaba una parte de la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de la ciudad más importante chaqueña».

Para finalizar, la CDD mantuvo: «La situación que expone la jueza Aucar es de gravedad institucional para la provincia de Chaco; ya que es el Poder Legislativo quien dicta reglas erga omnes -o sea, para todos- por lo que, el planteo llegaría al irrazonable resultado de prolongar una medida judicial a sujetos que no solo no la han pedido, sino aun podrían no enviarla».

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