Un fiscal penal imputó a una concejala radical de Tartagal y a su hermana, que es defensora oficial, por administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos, por el presunto desvío de donaciones destinadas a comunidades originarias del norte salteño en la emergencia socio-sanitaria declarada a principios de 2020.

Fuentes del Ministerio Público de Salta informaron que el fiscal interino penal 1 de Tartagal, Rafael Medina, imputó el lunes a Paola Alejandra Díaz, concejala del radicalismo y a Rosa Fabiola Díaz, defensora oficial. Los voceros detallaron que la primera quedó detenida y optó por declarar, mientras que para la segunda, quien solo fue imputada y suspendida, se abstuvo de declarar. En este caso, el fiscal pidió el allanamiento de inmunidad al Juzgado de Garantías 1 de Tartagal, por ser una defensora oficial.

Medina intervino de oficio cuando se dio a conocer la noticia de una posible venta de donaciones destinadas a comunidades originarias de la provincia, que se mediatizó al conocerse una entrevista periodística realizada a la denunciante, hermana de las dos acusadas, transmitida por el canal Video Tar, de Tartagal, y otros medios.

Concejala aliada a la UCR, acusada de vender donaciones que eran para los wichis
Salta
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Ese mismo día, el fiscal dispuso las medidas, como una consigna permanente donde se encontraban las donaciones provenientes de distintas fundaciones. Asimismo, invitó a la denunciante a radicar una denuncia formal: la mujer la concretó en la Comisaría 45 de Tartagal y luego amplió en la sede fiscal.

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Según la denuncia, en enero de 2020 las acusadas habrían recibido donación de mercaderías perecederas, ropa, zapatillas, alcohol en gel, agua mineral y pañales, entre otras cosas.

La mujer precisó que sus hermanas habrían mantenido ocultas las donaciones todo el año y hasta ahora para venderlas a negocios de la zona. Relató que quisieron mantenerlas guardadas hasta que Paola Díaz se postulara como candidata a diputada provincial, «lucrando con dichas mercaderías para un beneficio propio».

La imputación señala que las acusadas tenían a su cargo «la administración y cuidados de los bienes provenientes de las fundaciones, llevando a cabo una administración fraudulenta de los bienes asignados, perjudicando intereses ajenos con su accionar infiel», pues la mercadería debía ser repartida «entre personas de escasos recursos y de las misiones aborígenes de la etnia wichi».

En el allanamiento, con auxilio de la fuerza pública, se secuestraron bidones y botellas de agua, ropa nueva y usada y zapatillas. Fuentes de la Defensoría General de la Provincia de Salta informaron que se dispuso un sumario administrativo contra la defensora investigada, quien fue suspendida por 30 días.



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