El gobierno de Alberto Fernández le puso punto y final a la política migratoria de la administración de Mauricio Macri a través de la que se obligaron controles mucho más rigurosos para eludir el ingreso de criminales extranjeros y se agilizaron los trámites de expulsión de inmigrantes con antecedentes penales.

En el mes de enero de 2017, Macri y su gabinete firmaron el Decreto 70 que alteró la Ley de Migraciones. Amparándose en la definición de que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de elegir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”, se creó un “trámite migratorio particular sumarísimo” para denegar el ingreso y despedir criminales extranjeros con mayor agilidad. El razonamiento de ese entonces residió en “la duración de los procesos administrativos y judiciales” y en el aumento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Carcelario que en 2016 alcanzó al 21,3% de la población carcelaria total, pero que al investigar la proporción de personas detenidas por narcotráfico, la cifra de inmigrantes subía al 33% en aquel año.

La regla estableció asimismo la prohibición de ingreso a quienes muestren documentación falsa u omitan reportar sobre sus antecedentes penales; los que cumplan condena o tengan antecedentes –tanto en Argentina como el exterior- “por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de independencia” o “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en ocupaciones ilegales”. La prohibición de ingreso se extendió a quienes estuvieron comprometidos en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o fomenten la prostitución. Además de esto, exactamente las mismas causas podían ser usadas para anular las viviendas que se hubieran concedido “alguno fuera su antigüedad”.

De hecho, la Ley de Migraciones establecía que un extranjero podía ser expulsado por cometer delitos graves con pena mayor a cinco años -en la situacion de los habitantes-, y por cometer delitos con pena mayor a tres años, en la situacion de los no habitantes. La modificación amplió la oportunidad de efectuar el trámite de expulsión frente cualquier delito con pena de prisión. Para los no habitantes, solo alcanzaba con un procesamiento estable sin ser precisa la condena.

Este viernes el Gobierno derogó el Decreto 70/2017. Alberto Fernández y todos y cada uno de los ministros del Gabinete Nacional firmaron el Decreto de Migraciones 138/2021 que suprime el endurecimiento de los controles fijados a lo largo del macrismo.

El Gobierno explicó que el DNU de Macri alteró “puntos substanciales” de la Ley de Migraciones “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema en todo el mundo de protección de los derechos humanos, entre aquéllos que cabe nombrar la violación al comienzo del debido desarrollo, al derecho a tener asistencia y defensa legal, la restricción a un control extenso y bastante del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención precautoria del y de la migrante sin determinar las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por causas humanitarias”. Aparte de mantener que la política migratoria de Cambiemos no patentizó “novedades ponderables en otras caracteristicas”, desde la entrada en vigencia del Decreto 70 en 2017 “se agudizó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”.

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En el mes de marzo del 2018, la Salón V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró la “invalidez constitucional” de la citada regla por enseñar “letras y números recesivos incompatibles con los estándares constitucionales y de derechos humanos actuales en nuestro ordenamiento jurídico”. En aquella ocasión el gobierno de Macri recurrió a la Corte Suprema a fin de que se expida sobre esto.

Hasta entonces, el Comité de Protección de los Derechos de Todos y cada uno de los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, todos de la Organización de las ONU, “han expresado su profunda preocupación y han instado al Estado Argentino a derogar dicho decreto”.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos fué enérgica con relación a la protección de los y las migrantes, señalando que los Estados tienen que respetar sus derechos humanos y asegurar su ejercicio y goce a toda persona que esté bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna por su regular o irregular estancia, nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa; estando límites a la aplicación de las políticas migratorias que imponen un apego riguroso a las garantías del debido desarrollo y al respeto de la dignidad humana, cualquier persona que sea la condición jurídica del o de la migrante”, explicó el Gobierno en la resolución publicada el día de hoy en el Folleto Oficial y mentó que la Corte Interamericana de DD.HH asimismo manifestó que “la protección de los derechos humanos necesita que los actos estatales que los afecten de forma primordial no queden al arbitrio del poder público, sino estén rodeados de un grupo de garantías enderezadas a garantizar que no se vulneren los atributos inviolables de la persona, en las que, quizás la mucho más importante deba ser que las restricciones se confirmen por una ley adoptada por el Poder Legislativo, según con lo predeterminado por la Constitución del país respectivo”.

De esta manera, el Gobierno argentino consideró preciso derogar el decreto del macrismo, restituyéndose la vigencia de las reglas cambiadas en 2017. Además de esto se ordenó la creación de una Comisión Asesora de Política Migratoria “que va a tener a su cargo ofrecer medidas no vinculantes similares con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871″.

Esta resolución que oficializó el día de hoy el Poder Ejecutivo, ahora la venía aprendiendo desde el año pasado. Encabezados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organizaciones de la sociedad y organismos de derechos humanos le aproximaron a inicios de 2020 un archivo al Gobierno con duros cuestionamientos al decreto de la previo administración y le pidieron su derogación “para proteger los derechos de la gente migrantes”.

Al comienzo de su orden Alberto Fernández apuntó que esa regla “lo que logró fue autorizar expulsiones sin condena, y esto me semeja peligrosísimo pues se puede transformar en un acto de persecución contra alguna población”.

“La Argentina ahora tiene un régimen y en el momento en que un extranjero es culpado es susceptible de la expulsión”, había explicado el Presidente manifestando en aquella ocasión que el decreto “castiga solo por la presunción”.



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