El ejército de Myanmar se apoderó este lunes por la mañana (domingo durante la noche en Argentina) del municipio de Rangún, horas tras parar a la jefe de hecho del gobierno, Aung San Suu Kyi, en un posible golpe de Estado. A lo largo de ese instante, el ingreso a Internet y a todas y cada una de las telecomunicaciones proseguía muy perturbado.

Según consignó la agencia AFP, cinco camiones militares se desplegaron en el recinto del municipio y los soldados hacían retroceder a la gente en la entrada. En este marco, USA instó a los militares birmanos a dejar en libertad a los líderes detenidos, introduciendo la Nobel y viejo ícono de la democracia, Aung San Suu Kyi, jefe de hecho del Gobierno, y conminó con una respuesta de Washington.

USA se enfrenta a algún intento de modificar el resultado de las recientes selecciones o bien evitar la transición democrática en Myanmar, y vamos a tomar acciones contra los causantes si esas medidas no se revierten”, apuntó la representante de la Casa Blanca, Jen Psaki, en un aviso oficial. Días atrás, el país estadounidense y la Unión Europea habían alertado a la región asiática a “adherirse a las reglas democráticas”.

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Otra nación que se manifestó sobre esto fue Australia, que solicitó al ejército birmano que libere a la jefe del gobierno de hecho, Aung San Suu Kyi, y a otros líderes políticos, y le acusó de “procurar de nuevo tomar el control” del país. “Llamamos al ejército a respetar el Estado de derecho, a solucionar las discusiones a través de mecanismos legales y a dejar en libertad instantaneamente a todos y cada uno de los líderes (políticos) de la sociedad civil y a otra gente detenidas ilegalmente”, declaró Marise Payne, ministra de Relaciones Exteriores.

Los arrestos se generaron tras días de tensiones en alza entre el gobierno civil y el poderoso ejército, que provocó miedos a un golpe tras una elección que los militares calificaron de fraudulenta. Myanmar salió hace solamente 10 años de un régimen militar que dirigió el país a lo largo de prácticamente medio siglo. La constitución, redactada por la junta militar, prevé una distribución del poder entre un gobierno civil y los en general. El Parlamento final de las últimas legislativas debía empezar su primera sesión en unas horas.



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