La Justicia logró sitio a una medida cautelar y suspendió el DNU del Poder Ejecutivo que declaró a las telecomunicaciones como servicio fundamental.

Además de esto, ordenó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) “abstenerse de producir y hacer” alguna resolución sobre esto, hasta tanto se dicte sentencia determinante.

A través de el decreto 690, emitido el 11 de agosto, el Gobierno nacional declaró “servicios públicos fundamentales y estratégicos en rivalidad” a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga. La medida además de esto dispuso el congelamiento de los costos hasta el 31 de diciembre y después autorizó solo un 5% de aumento y dispuso que las compañías del área tienen que tener autorización del Estado para algún modificación tarifaria.

El artículo del DNU 690/2020 establece cambios a la ley 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), además de esto tiene dentro un producto en el que se entrega el “carácter de servicio público en rivalidad” para los servicios de las TIC y el ingreso a las redes de telecomunicaciones “para y entre” sus licenciatarios. Asimismo determinó que la autoridad de aplicación, o sea el ENACOM, “garantizará su eficaz disponibilidad”.

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El ENACOM fue notificado este martes de la resolución judicial que restituye la potestad de los operadores de cable y telecomunicaciones de fijar sus condiciones de comercialización, como servicio en rivalidad, a los objetivos de asegurar la continuidad, la sustentabilidad y la calidad del servicio que brindan muchas compañias en Argentina.

“La medida cautelar, iniciada por un gerente de nuestra industria de la provincia de Córdoba, establece la suspensión del DNU 690, del DNU 311 y de todo acto dictado a consecuencia de estas reglas. También, ordena al Poder Ejecutivo nacional y al ENACOM abstenerse de producir y realizar acto alguno con fundamento en estos decretos, hasta tanto se dicte sentencia determinante”, apuntó la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) por medio de un aviso.

Para las compañías del área, esta intervención estatal y el retardo en los costos, sumado al importante incremento de los costes, varios de dolarizados, significaron “una disminución muy importante de la generación de capital”, que “pone bajo riesgo la oportunidad de efectuar inversiones de capital por el momento no para el desarrollo sino más bien para nuestro cuidado de los servicios TICs que denuncian los individuos, que demostraron con la pandemia necesitar cada vez más grande ancho de banda, más grande agilidad, más tecnología y más contenidos”, apuntaron.



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