Este lunes se cumplen seis años de la desaparición del fiscal Alberto Nisman, hallado sin vida el 18 de enero de 2015 en su departamento de Puerto Madero. La situacion que conmovió al país aún sigue irresoluto y la Justicia avanza para solucionar quién disparó la pistola Bersa calibre 22 que terminó con su historia. El trágico episodio se desató en la antesala a la presentación que el fiscal debía llevar a cabo frente al Congreso para hablar de su demanda contra la presidenta en función, Cristina Kirchner, su canciller Héctor Timerman y otros gobernantes de su gobierno por encubrimiento en la causa AMIA

Según señalaba la demanda de Nisman, la presente vicepresidenta y otros integrantes del Ejecutivo fomentaron una trama de supuesto encubrimiento a los acusados iraníes de perpetrar el atentando a la sede de la mutual judía en 1994, a través de la firma de un tratado de Comprensión con la República Islámica de Van a ir. Este supuesto pacto misterio con Van a ir habría incluido, aparte de un trueque comercial de granos argentinos por petróleo, el pedido del Gobierno argentino a Interpol a fin de que cesase las notificaciones rojas contra los acusados iraníes, y de esta forma asegurar su impunidad, notificó NA.

Horas anteriores

El sábado 17 de enero, el día previo a su muerte, Nisman recibió 40 llamadas telefónicas de las entonces miembros del congreso de los diputados nacionales del PRO Patricia Bullrich y Laura Alonso, que son las que habían cursado la convidación al fiscal al Congreso a fin de que profundizara el contenido de su demanda. Esa tarde, según comprobó la investigación, Nisman recibió de manos de su colaborador informático, Diego Lagomarsino, con quien compartía una cuenta corriente en USA, la pistola con la que se efectuó el tiro mortal en la cabeza.

Tiempo después, a lo largo de la investigación, el Lagomarsino explicaría que Nisman no confiaba en su custodia de seguridad, y que de ahí que le había pedido el arma. Desde el minuto cero, el descubrimiento del cadáver produjo movimientos sísmicos en la opinión pública, se abrieron numerosas hipótesis, que se resumieron esencialmente en la teoría del suicidio (así sea voluntario o bien inducido) y la del asesinato político. En un primer instante, el hecho fue clasificado como «muerte incierta» si bien la fiscal al cargo de la investigación, Viviana Fein, notificó que el tiro había sido realizado «a una distancia no más grande a un centímetro», lo que la aproximaba a la pista del suicidio.

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Vuelco en la investigación

El 20 de mayo del 2016 el Cuerpo Médico Forense y la Policía Federal efectuó una pericia que concluyó que «ninguna de las visualizaciones contenidas en los puntos médico-legales del informe técnico elaborado por la demanda, en forma individual o bien en grupo, indican con seguridad pericial médico legal que se haya tratado de un hecho homicida». Además de esto, el informe decretó que «en su muerte no habían participado terceras personas», a pesar de que en las manos del cuerpo sin vida de Nisman no habían encontrado restos de pólvora. Mas en 2017, Gendarmería Nacional publicó otro archivo que apunta que el fiscal había sido ejecutado.

Frente este ámbito, el 27 de diciembre del año pasado, tras el cambio de Gobierno, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, anunció su intención de comprobar el peritaje llevado a cabo por la Gendarmería Nacional y que cambió el rumbo de la investigación judicial que avanza sobre una sucesión de llamadas de personas similares a los servicios de sabiduría, gobernantes políticos y integrantes de las fuerzas de seguridad. El fiscal federal Eduardo Taiano, al cargo de la causa, determinó en un primer informe que antes de la desaparición de Nisman hubo un aumento de llamadas y busca entrecruzar estos registros para poder ofrecer con los autores materiales de un hecho que ocasionó estupor en la sociedad argentina.

Últimos movimientos

Según los adelantos recientes de la causa, el 14 de enero, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el embargo de los recursos de la familia del fallecido fiscal y de su asesor informático. La medida fue dictada por el magistrado en el último mes del año pasado, después de que la Cámara Federal le ordenara apresurar el curso de la investigación sobre la causa de lavado de dinero que se abrió poco una vez que Nisman fuera hallado fallecido.

Un mes tras la desaparición del fiscal, se conoció que tenía una cuenta corriente no declarada en los USA con 600 mil dólares estadounidenses y su ex- pareja, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, le aproximó a la Justicia la información que dio sitio al inicio de la causa por lavado de dinero. En ese contexto, Martínez de Giorgi ordenó el embargo de la integridad de los recursos muebles y también inmuebles de la madre de Nisman, Sara Garfunkel; la hermana, Sandra Ruth Nisman; y de Diego Lagomarsino, el único procesado como partícipe primordial del presunto homicidio del fiscal, por ser quien le entregó el arma de la que salió el tiro mortal.





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