Un polémico fallo ha alertado a la red social médica, ya que un juez forzó al Sanatorio Otamendi a tratar con dióxido de cloro a un tolerante con coronavirus, a pedido del hijastro del hombre que al final murió este lunes, en un polémico fallo que alertó a la red social médica. En este contexto, Ignacio Maglio, letrado experto en Bioética del Hospital Muñiz y la fundación Huésped recordó que «la utilización de dióxido de cloro fue rechazado por las autoridades de la ANMAT y autoridades gubernativos».

En afirmaciones a radio Continental, Maglio explicó que «desde agosto del año pasado ANMAT saco una alarma sobre las peculiaridades y los peligros de toxicidad de esta substancia que no es un fármaco y no posee registro en la ANMAT, no está autorizada en su comercialización ni en su registro como producto terapéutico». Agregó que: «La OMS y la OPS advertían sobre los peligros que tienen la posibilidad de ser leves y moderados como diarrea, vómitos y fiebre hasta severos como poner bajo riesgo el sistema cardiovascular, respiratorio y renal».

«Aquí lo impresionante es de qué manera toma la resolución el juez de forma apurada. Lo que ligerísimamente algún juez en un caso de estas peculiaridades hubiese debido llevar a cabo es averiguar a los organismos eficientes que dictaminan cuestiones enlazadas a las ocasiones médico legales, como el cuerpo médico forense, o bien una consulta a sociedades con rivalidad en la materia como la Sociedad Argentina de Infectología. O bien un fácil clic en Google plus, que advierte instantaneamente las señales de todo el mundo y las de ANMAT» recalcó el letrado.

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En este sentido, el experto en Bioética aseguró que «nos encontramos en frente de 2 teóricos: un supuesto de desidia y de pericia judicial, o sea, una mala práctica por mal desempeño judicial y por otra parte un médico, un supuesto neurocirujano, que no posee rivalidad en el campo de su profesión para tener un régimen para un tolerante con infección». «Nadie puede obligar a una institución o bien a un profesional a suministrar una substancia que es un veneno» resaltó.

«Lo arriesgado asimismo es el valor simbólico de una resolución de esta clase porque la red social puede producir confusión en relación a los resultados positivos de esta substancia. Esto hay que enmarcarlo en un movimiento más genérico, en un movimiento antivacunas, como un terraplanismo sanitario, que pone en duda la prueba médica» manifestó el letrado. Por último, Maglio mencionó que «se está valorando efectuar una demanda con sociedades científicas al médico y una presentación frente al Consejo de la Magistratura».



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