El escándalo de la vacunación VIP en el Ministerio de Salud de la Nación, que derivó en la renuncia del ministro Ginés González García y en su remplazo por Carla Vizzotti, tomó influencia en todo el mundo. De ahí que desde la ONG Human Rights Watch, que se encarga de los derechos humanos, criticaron a Argentina y a Perú, donde ocurrió algo afín.

Según notificó la agencia NA, el directivo ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, criticó en su cuenta oficial de Twitter las ocasiones de Argentina y de Perú, y las calificó como un abuso. Mencionó a inicios de derechos humanos con respecto al reparto de las vacunas contra el coronavirus y estableció nuevos objetivos.

«Según principios de DDHH, el orden de ingreso a la vacuna ha de ser trasparente y fundamentarse en criterios de salud pública, no en afinidades ideológicas o cargos de gobierno. Frente escándalos en Perú y Argentina, gobiernos de la zona tienen que entablar salvaguardas para eludir mucho más abusos», apuntó Vivanco en relación a la vacunación VIP.

En Perú, la vacunación VIP reventó hace un par de semanas, y más allá de que al comienzo solo había implicado al expresidente Martín Vizcarra, entonces se descubrió que asimismo tuvo compromiso el presente gobierno transitorio, dirigido por Francisco Sagasti. El presidente explicó que fueron 487 la gente vacunadas de forma irregular.

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Las autoridades peruanas detallaron de manera oficial que en ese catálogo aparecen 122 gobernantes públicos, de los que 16 pertenecían al de hoy gobierno y ahora fueron separados de sus cargos. Ciertos de fueron Pilar Mazzetti, ministra de Salud, Luis Suárez Ognio, viceministro de Salud que se vacunó al lado de ciertos familiares, y Elizabeth Astete, canciller.



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